El objetivo es traspasar liquidez a autónomos y pequeñas empresas en esta crisis del coronavirus.
Se deberán facilitar los CUPs correspondientes y el trabajador por cuenta propia deberá ser el titular.
Las medidas tratan de evitar que colapsen los juzgados y dará oxígeno a algunas empresas.
El registro y control del horario laboral también es obligatorio en el teletrabajo. Incumplir la norma puede suponer multas de hasta 6.250 euros para las empresas
Los trabajadores autónomos podrán rescatar sus planes de pensiones sin ningún tipo de penalización en el caso de que sus ingresos se hayan reducido al menos un 75% debido a la crisis del coronavirus.
El autónomo contará con cuatro meses para pagar cada una de las cuotas aplazadas más sus intereses.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha dictado una instrucción con las pautas a seguir por los 17 Colegios Notariales (uno por comunidad autónoma) para que los notarios retornen paulatinamente a la normalidad, dado su carácter de servicio público de interés general.
La vicepresidenta de ATA apunta que los administradores en régimen asimilado al régimen general no pueden recurrir.
El retraso en los pagos está causando grandes problemas a este colectivo.
El Gobierno desbloqueará una tercera línea de avales públicos, de unos 24.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estará reservada en su mayoría a pymes y a autónomos.
Se permite la suspensión o modificación de los contratos de suministro para trabajadores autónomos, en base a una serie de reglas y requisitos.
La moratoria permitirá solicitar la suspensión de las cuotas empresariales de sus trabajadores durante un plazo de seis meses sin ningún tipo de interés
Existen dos tipos de ERTE y sólo uno de ellos incluye la exoneración de las cuotas. Hay más letra pequeña que, de incumplir, obligaría a devolver las ayudas
La moratoria se aplica para locales comerciales en manos de empresas públicas o grandes tenedores
Gestores y abogados trabajan a marchas forzadas para interpretar los decretos y tramitar las prestaciones